La representación departamental de Cochabamba del Ministerio de Justicia se apersonó a las audiencias finales e hizo seguimiento a los casos hasta lograr llegar a sentencia. 

La Paz, 4 de abril de 2021.

Prensa _Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional

La Comisión Nacional de Seguimiento para Casos de Feminicidio (Conascfe) del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través de su representación departamental en Cochabamba, realizó seguimiento al caso de feminicidio de la exreina de belleza Carla Callaú, el mismo que llegó a una sentencia de 30 años contra el feminicida Jorge Sneyder Quiroz Wills.  En marzo también se logró sentencia en el caso de feminicidio de Daria Medrano, asesinada en abril de 2019 por Joás Mamani Vargas.

A inicios del mes de marzo, el ministro de Justicia Iván Lima conformó la Conascfe, compuesta por reconocidos penalistas y constitucionalistas dependientes de esta cartera de Estado, con el objetivo de hacer seguimiento en los nueve departamentos del país, a los casos de violencia a la mujer y los casos por feminicidio que no cuentan con celeridad en sus procesos.  

En ese contexto, la representación del Ministerio de Justicia en el departamento de Cochabamba, se constituyó en las audiencias de la etapa de juicio oral para hacer seguimiento al caso de feminicidio de Carla Callaú, el mismo que en su etapa final estaba siendo estancado por interferencia del llamado “abogado del Diablo”, Jasmany Torrico. 

“Hemos recibido 365 denuncias, entre ellas la de la familia Callaú (…), ese caso de feminicidio debía instalarse en audiencia de juicio oral posterior a la solicitud de medidas cautelares sustitutivas a la detención que había planteado el acusado, sin embargo el mismo dolosamente se hizo asesorar con el llamado ´abogado del diablo´ Jasmany Torrico, -quien se encuentra detenido en la cárcel de San Sebastián cumpliendo una condena de seis años-, con la finalidad de que vaya intimidando a jueces, fiscales y abogados, inclusive de la defensa pública, como es su costumbre”, explicaron desde la representación del Ministerio.  

De acuerdo al reporte, la etapa de juicio oral no avanzaba debido al amedrentamiento provocado por Torrico -abogado del acusado-, quien se dio modos para realizar esas prácticas pese a que se encuentra recluido en el penal de San Sebastián de Cochabamba por haber secuestrado y torturado al mecánico Juan C.

“La finalidad era ir intimidando tribunales, fiscales, abogados de oficio e inclusive nuestros abogados de la defensa pública”, remarcaron desde la representación cochabambina. En ese sentido se logró apartar a Torrico del caso, a fin de que avance el caso del feminicidio de Callaú, sentando precedente para otros similares.

De acuerdo a la correlación de los hechos, Callaú, quién era oriunda de la ciudad de Warnes, fue asfixiada el 5 de septiembre de 2019 en el municipio de Sacaba, cuando intentaba salir de la habitación donde vivía con Quiroz, su pareja, quien la mantenía encerrada e incomunicada, incluso de su propia familia y amigos.

En el caso del feminicidio de Medrano, tras dos años de proceso judicial, Joás Mamani fue sentenciado a 30 años de prisión en la cárcel de El Abra.  Mamani pretendió esquivar su responsabilidad con el argumento de que su pareja se quitó la vida.

La víctima de feminicidio había denunciado con anterioridad hechos de violencia ante el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) por un intento por parte de Mamani de obligarle a tomar veneno y por agresiones físicas y psicológicas, pero no se tomaron las medidas de protección necesarias.  

 

Finalmente el 5 de abril de 2019 en la habitación que alquilaban en Molle Molle al sur de la ciudad de Cochabamba, Mamani ahorcó con una cuerda a Medrano hasta quitarle la vida, dejando a dos niños en la orfandad. 

Pese a que el feminicida intentó cambiar la escena del crimen y borrar las pruebas para fingir un escenario de suicidio, gracias a las pericias realizadas, se evidenció que la mujer luchó por salvar su vida. 

Las pruebas contundentes permitieron que el Tribunal de Sentencia Cuarto de Cochabamba emitiera una sentencia de 30 años de cárcel, sin derecho a indulto, como manda la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (348).

La representación departamental del Ministerio, acotó, “nosotros como Ministerio de Justicia estamos entrando con fuerza a los departamentos para hacer seguimiento a los procesos de feminicidio y violencia, concretamente en Cochabamba tenemos 365 casos de denuncias ante el Ministerio, a los que estamos haciendo seguimiento”, manifestaron.  

A nivel nacional se conocen 805 denuncias por mora procesal u otras situaciones en casos relacionados a feminicidio y violencia contra la mujer, ya sea por negligencia por parte de las fiscalías, las salas penales o los mismos tribunales de sentencia, lugares donde muchas veces se incurre en la conocida “chicanería” mediante la inasistencia de la parte acusada y su defensa, y otras situaciones que derivan en la falta de acceso a la justicia.  

En promedio al año se registran 100 casos de feminicidio en Bolivia. Por ejemplo, en 2020 de acuerdo con el Ministerio Público se registró 113 víctimas por este delito, de esos hechos, a inicio de 2021 únicamente 12 contaban con sentencia condenatoria, 10 con extinción por muerte del agresor, 65 se encontraban en etapa preparatoria y con detención preventiva, 20 en etapa preliminar, y seis fueron rechazados, según la Fiscalía.