La Paz, 13 de marzo de 2021.

Prensa_Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional

El pliego de pedidos de los familiares de las víctimas de la represión y masacres durante el gobierno de facto ha sido atendido satisfactoriamente, confirmó el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima. 

Un total de 55 personas accedieron a una fuente laboral estable y a un bono alimenticio; se gestionaron becas para jóvenes y se reembolsó gastos médicos, como parte del proceso de atención y reparación entre el Gobierno nacional y las víctimas.

El ministro Lima confirmó que los familiares y sobrevivientes de las masacres se reunieron con el presidente Luis Arce y llegaron a un buen acuerdo.

“Tuvimos un encuentro con las víctimas en la Casa Grande del Pueblo, estuvimos atendiendo a las víctimas que han sobrevivido a las masacres”, dijo a tiempo de lamentar que el promedio de edad de las 10 víctimas mortales de la masacre de Senkata, en El Alto es de 23 a 24 años.

El Ministro agregó que además de los pedidos de ayuda, los sobrevivientes y familiares de las víctimas planteaban un “reclamo fundamental” que era el pedido de justicia en el marco de la reparación integral de los daños cometidos en noviembre de 2019. 

El Gobierno y las víctimas, el pasado 20 de enero, firmaron un acuerdo y de manera previa y posterior sostuvieron varias reuniones para poder viabilizar el cumplimiento del Decreto Supremo 4176 que establece la ayuda humanitaria para los familiares de las víctimas de las masacres y para los sobrevivientes. 

Producto de ese trabajo se procedió a su incorporación en fuentes laborales, el acceso a becas de estudio y el reembolso de los gastos médicos que hayan realizado a los heridos de la represión. También se procede a la entrega de subsidios alimenticios. 

Al respecto, la presidenta de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata, Gloria Quisbert indicó que existe una voluntad por parte del Presidente Arce y del ministro Lima para avanzar en el cumplimiento pleno de los acuerdos alcanzados, en la línea de la recomendación de los organismos internacionales de derechos humanos que señalan que la reparación de los daños tiene que ser asumida por el Estado. 

“Ellos tienen la voluntad, el Ministro de Justicia tiene la voluntad de ayudarnos, entonces nosotros vamos a colaborar también y esperemos que solucione, porque no podemos seguir con esto ya es más de un año, entonces ellos han dicho que se va a avanzar y se dará cumplimiento, estamos alegres y esperamos el cumplimiento”, señaló Quisbert. 

La dirigente manifestó que aún se deben realizar ajustes al acuerdo en torno al tema laboral en demanda de mejores fuentes de trabajo y mejores ingresos, y el reembolso a todos los heridos, ya que habría un grupo de 18 heridos que aún no recibieron esa reparación. 

El hermano de Quisbert murió en Senkata el pasado 19 de noviembre de 2019. Las masacres de El Alto, Sacaba en Cochabamba y Pedregal en la zona Sur de La Paz, dejaron un saldo de 37 fallecidos, cientos de heridos, y de detenidos y torturados.  

Por el caso Golpe de Estado denunciado en diciembre de 2020 por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty. El viernes la Policía y el Ministerio Público procedieron a la aprehensión de Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra, quienes fungieron como autoridades durante el gobierno de facto encabezado por Jeanine Añez, quien en horas de la madrugada también fue hallada en Trinidad, Beni y conducida a la sede de Gobierno.   

“Todos estamos esperando justicia, no se puede quedar en impunidad ni olvido, es lo primero que hemos pedido, que se avance, queremos ver, es lo primordial que queremos, justicia”, indicó Quisbert. 

“Las aprehensiones son por Golpe de Estado pero no por asesinatos ni masacres, entonces pedimos que se saque también por masacres, sólo dice por Golpe de Estado (…), ahí vamos a tener que pedir juicio de responsabilidades y proceso a alguien que no está ahí, que es Arturo Murillo (exministro de Gobierno) que es el primero que ha empezado con todo esto”, subrayó.