El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, advirtió hoy que los procesos judiciales por la compra de gas lacrimógeno con sobreprecio y el golpe de Estado de noviembre de 2019 avanzan en Bolivia sin ser afectados por las decisiones de la justicia de Estados Unidos que capturó al exministro del gobierno de facto, Arturo Murillo, en mayo pasado.

Murillo es acusado de lavado de dinero en el país del norte.

El Ministro Lima reiteró que Bolivia es respetuosa del principio de soberanía de los estados y aclaró que las investigaciones contra las masacres y corrupción del gobierno de facto de Jeanine Añez se sujetan a una estrategia jurídica que pretende lograr sentencias antes de fin de año.

“Nuestra posición es respetar lo que haga la justicia norteamericana, nosotros nos vamos a concentrar en los casos que tenemos en el país, en los cuales tenemos avances significativos”, dijo la autoridad.

Recordó que “la mayor parte de los exministros de la Señora Áñez han ido a declarar, han prestado información”, en relación a la suscripción de los decretos supremos (DS 4090, DS 4116 y DS 4168) que fueron usados para justificar la dolosa compra de agentes químicos represivos. 

“Nuestro compromiso con el país en ese caso es tener una sentencia este año y vamos a proceder de esa manera”, dijo el ministro.

Con relación al pedido de extradición de Murillo, el ministro informó que “los equipos técnicos de la Cancillería, el Órgano Judicial y la Fiscalía están trabajando para remitir en los próximos días la solicitud al Departamento de Estado” de Estados Unidos.

“Bolivia y Estados Unidos han formado convenios internacionales de lucha contra la corrupción, tenemos un tratado de extradición desde 1995 y vamos a exigir que se respeten los términos de esos convenios, el combate a la corrupción y la lucha por los derechos humanos compromete a Bolivia y Estados Unidos y entiendo que ambos países tenemos que evitar que exista impunidad”, dijo el Ministro Lima.