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Gobernación de Santa Cruz y Comité Cívico ultrajan símbolos patrios, y repiten actos de racismo, discriminación y separatismo

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne anunció este viernes que se presentará una querella penal en contra de quienes cometieron agravio a símbolos patrios, y actos de racismo y discriminación durante los actos protocolares por la gesta libertaria de Santa Cruz; y denunció un acto separatista cometido por parte de la Asamblea Departamental liderada por el partido del Gobernador Fernando Camacho, al haber incurrido en la suplantación de competencias nacionales. 

“Como es de conocimiento público, hoy en la mañana en Santa Cruz se ha registrado el ultraje a los símbolos patrios, hecho que se constituye en un delito de orden público; por eso el Gobierno nacional se va a constituir en querellante y ha iniciado las investigaciones correspondientes con respecto al artículo 129 del Código Penal”, anunció el titular de Justicia en conferencia de prensa.

Lima subrayó que los hechos de ultraje a símbolos patrios, y de racismo y discriminación registrados hoy en el acto de conmemoración de los 211 años de la gesta libertaria de Santa Cruz, representan delitos penales que serán denunciados por esta cartera de Estado y que van en concordancia a un acto separatista impulsado por Camacho.  

“Denunciamos que el  17 de septiembre la Asamblea Legislativa Departamental de Santa  Cruz ha sancionado una ley departamental que atenta contra la unidad de la Patria (…), entendemos que es la razón de todos estos actos de provocación, de racismo y de afrenta a los símbolos nacionales”.

La norma departamental sancionada establece atribuciones de competencia nacional a la Gobernación de Santa Cruz, como la designación de representantes de la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado y otras entidades estatales. 

La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia es la única instancia que puede legislar en esos temas y la usurpación de esas atribuciones constituye en una vulneración a la Constitución Política del Estado, las leyes y normas de orden público.

“Lo que buscan estos actores políticos que protagonizaron el golpismo, es incurrir en separatismo y dividir al pueblo boliviano. Exhortamos al TCP a que pueda considerar nuestra solicitud de inmediato y otorgar la medida cautelar correspondiente”, subrayó Lima.

El Ministro informó que por esa razón, el presidente del Senado Andrónico Rodríguez presentó una acción de conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional Plurinacional y solicitó una medida cautelar, “para que esta ley inconstitucional sea suspendida y se evite la promulgación a cargo de Fernando Camacho. Si lo hace, consumará un acto de separatismo y una grave afrenta a la Constitución y a la unidad nacional”, indicó.

“Fernando Camacho quiere consolidar un segundo golpe de Estado para ser conocido y reconocido como un dictador departamental. Vamos a usar todos los recursos legales a nuestra disposición para defender la unidad de Bolivia y la dignidad de nuestro pueblo”, dijo el titular.

Respecto a los hechos de agravio a símbolos patrios, y racismo y discriminación registrados hoy en Santa Cruz, el Ministro de Justicia remarcó que los mismos representan delitos penales que serán denunciados por esta cartera de Estado y anunció que se presentará una querella en contra de quienes los cometieron. 

“Como es de conocimiento público hoy en la mañana en Santa Cruz, se ha registrado el ultraje a los símbolos patrios, hecho que se constituye en un delito de orden público; por eso el Gobierno nacional se va a constituir en querellante y ha iniciado las investigaciones correspondientes con respecto al artículo 129 del Código Penal”, anunció el titular de Justicia. 

Durante el acto central realizado este viernes, autoridades departamentales dieron la orden de bajar del mástil la bandera Tricolor y la Wiphala que minutos antes habían sido izadas por el presidente en Ejercicio, David Choquehuanca. Posteriormente, los símbolos patrios se vieron arrancados y ultrajados.

El Presidente en Ejercicio ante la evidencia de la falta de la bandera Wiphala en los mástiles, sujetó la misma en el mástil en el que sería izada la Tricolor. 

Los agresores a los símbolos patrios y a la dirigencia del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) han violado el artículo 129 del Código Penal y la Ley 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, detalló.

El artículo 129 del Código Penal referido al ultraje a los símbolos nacionales, señala que el que ultrajare públicamente la bandera, el escudo o el himno, será sancionado con reclusión de seis meses a dos años.

De acuerdo al artículo 6 de la Constitución Política del Estado de 2009, son banderas del Estado, la Tricolor y la Wiphala, las mismas que deben ser izadas en todo acto oficial. 

También se incurrió en actos de racismo y discriminación, tipificados por la Ley 045, no se permitió que las altas autoridades nacionales hagan uso de las palabras de salutación y fueron excluidas del acto protocolar.  
 
El presidente cívico, Rómulo Calvo, conocido por emitir declaraciones racistas, dio la espalda a los asambleístas del Movimiento Al Socialismo, en el momento en que realizaban la ofrenda floral y en un acto de mofa roció alcohol luego del paso de los asambleístas.

Acto seguido, retiraron la Wiphala de la ofrenda entregada por el tata jiliri de CONAMAQ, Iver Valenzuela, quien luego fue desalojado a empujones y chicotazos de la plaza central; el acto de violencia física fue acompañado por gritos e insultos racistas y discriminatorios. 

Luego un camarógrafo del canal estatal Bolivia TV, fue insultado y golpeado en el lugar.

“Hemos vuelto a vivir algo tan infame como la discriminación y la violencia contra hermanos bolivianos, es un delito de racismo lo que se hizo en contra el Tata Jiliri del CONAMAQ y vamos a constituirnos en parte de la acción penal contra los autores”, declaró la autoridad. 

Actos similares de racismo y discriminación se registraron en 2019, los mismos fueron observados con preocupación por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) en su informe presentado recientemente.

“No se va a tolerar ningún acto de racismo ni de discriminación, ninguna afrenta en ninguna plaza del país, con golpes, con insultos y con agresiones a ningún boliviano, no existen territorios vedados para las y los ciudadanos de Bolivia. Lo ocurrido en la mañana de hoy en Santa Cruz, no es admisible ni tolerable y va a merecer el inicio de acciones penales”, manifestó.

  • 2021-09-24 19:09:05