El Ministerio de Justicia y Transparencia activó todos sus recursos orientados a brindar la asistencia legal, psicológica y social gratuita para el niño V.F.P. de 11 años de edad que fue víctima de violación y graves amenazas presuntamente por parte de cuatro de sus vecinos en un barrio del municipio de Yapacaní, en Santa Cruz. A raíz de los vejámenes que se extendieron por aproximadamente dos años, el menor fue contagiado con una enfermedad terminal y se encuentra en terapia intensiva. 

“El suceso se denunció y a raíz de la denuncia es que se activaron todos los servicios propios del Ministerio de Justicia, no sólo como SEPDAVI (Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima), sino también como SIJPLU (Servicios Integrales de Justicia Plurinacional), estamos interviniendo en el apoyo legal a la víctima y a la familia”, comunicó el director del SEPDAVI, Tito Tornero. 

Tornero explicó que esta cartera de Estado activó todos sus recursos institucionales para la atención del niño y su familia, a fin de hacer efectiva la vigencia plena de sus derechos a la atención y protección, a la vida, a la salud y otros. 

“Estamos empleando todo el equipo interdisciplinario que tenemos, con servicio legal gratuito, psicológico y de trabajo social, porque la familia de la víctima es de escasos recursos económicos”, indicó. 

Ayer, el Ministerio de Justicia exigió celeridad en las investigaciones del caso de violación con agravante a infante, niña, niño, adolescente e instó a los administradores de justicia aplicar todo el peso de la ley en contra de los autores, así como el resguardo de los derechos e integridad del niño afectado.

 

El niño de 11 año en sus declaraciones contó lo sucedido y reconoció plenamente a sus agresores, ahora el menor ingresó por segunda vez a cuidados intensivos debido a la gravedad de su estado de salud a causa del contagio de una enfermedad terminal luego de los ultrajes de los que fue víctima. 

La madre del niño indicó ante la prensa que no imaginaba que su hijo era víctima de violación y develó que el menor había sido amenazado con un arma de fuego para no dar a conocer lo que estaba sucediendo.

“Es un suceso que realmente duele, duele saber cómo estamos en algunos lugares del país, cómo pueden llegar a realizar semejante daño, realmente eso es aberrante y difícil de entender para nosotros”, sostuvo el director del SEPDAVI. 

Tornero manifestó que los padres del niño son de escasos recursos y trabajan todo el día, por ese motivo dejaban al menor en su domicilio. 

“Se ha realizado un trabo en conjunto, no solamente con las descentralizadas del Ministerio de Justicia, sino que también nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de la Presidencia y de Salud y Deportes, para ayudar a la víctima y a su familia, lamentablemente son de escasos recursos económicos, y estamos tratando de cubrir los gastos médicos y colaborar en otros temas”, comunicó. 

Entre el lunes y el martes, la justicia determinó la detención preventiva por seis meses para el imputado Miguel Ángel S.T., de 24 años, en el centro de rehabilitación Palmasola y la detención preventiva para el imputado menor infractor Sebastián S.T. en el Centro de Rehabilitación CENVICRUZ. 

“Existe todavía una persona prófuga que aparentemente se encuentra en Chile, se activaron los mecanismos para identificar donde se encuentra actualmente y presentarlo ante la justicia boliviana”, informó Tornero y confirmó que el cuarto implicado falleció al interior del penal de Palmasola a raíz de la enfermedad terminal. 

Por su parte del director del SIJPLU, Aldo Torres indicó que como Ministerio de Justicia se promueven las medidas de protección para la víctima y su familia. “Una de las primeras medidas que se está tomando es la de protección directa de la víctima, de los hermanos y otros familiares, porque estas personas hicieron amenazas al menor inclusive con armas de fuego señalando que se atacaría a su familia”. 

De acuerdo con la investigación, la pareja de uno de los hermanos fue víctima de violencia y, por otro lado, el hermano que falleció se encontraba privado de libertad por un hecho similar cometido contra otro menor de edad.

 

En ese sentido el director indicó que “es importante conocer qué medidas asumió la Fiscalía y la Defensoría de la Niñez respecto a estos otros antecedentes”.  

Además, observó que, pese a que la denuncia es del mes de octubre de 2021, el menor no recibió ninguna terapia, ni apoyo para identificar conforme a procedimiento a los autores de este hecho. 

“Cuando a la familia le notificaron con la resolución de rechazo de esta enuncia, el hermano mayor habló con el hermanito y recién se pudo conocer e identificar a estos autores de este aberrante hecho y es así que se rearticula el caso con la Defensoría y el Ministerio de Justicia, y se aprehende a los involucrados, se los imputa y cautela”, subrayó Torres y recordó la importancia de contar con el apoyo psicológico desde las Defensorías para proceder a un manejo especializado e identificar a los autores de estos hechos.