El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne informó hoy respecto a los nuevos hallazgos que giran en torno a la denuncia por corrupción en el proceso de licitación para la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez, donde se evidenció actos de responsabilidad que involucran al representante de la Asociación Accidental China Harbour, Jim Zhejiang, de la comisión calificadora de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y de una persona que vendió facturas por montos millonarios. 

“En este momento tenemos un proceso que cuenta con prueba y evidencia clara, con relación a los responsables del proceso de contratación y la comisión, también a la empresa y a los que han actuado para llevarse el dinero, esta es la prueba que tenemos en este momento; en una investigación penal no podemos hacer afirmaciones si carecemos de prueba”, sostuvo la autoridad.  

De acuerdo con la investigación realizada por esta cartera de Estado, a través del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, se cuenta con elementos que evidencian el pago irregular de más de 14 millones de bolivianos a modo de soborno, en el que estarían involucrados el representante de la empresa china y una segunda persona, que vendió las facturas para permitir ese extremo. Ambas personas fueron aprehendidas y se encuentran a la espera de la audiencia de medidas cautelares. 

El titular de Justicia, refirió “debemos ser muy responsables en la lucha contra la corrupción, debemos actuar con pruebas, evidencias y documentos, y lo que resta en este caso es determinar dónde fueron destinados esos 14 millones de bolivianos, esta investigación continúa, vamos a actuar responsablemente. Tenemos la certeza de que la comisión que adjudicó esta obra y el responsable del proceso de contratación están involucrados en haber adulterado este procedimiento, vamos a ver si esto llega a otras funciones y a otras personas de las respectivas entidades”.  

El total de la coima ofrecida en el caso investigado, sería de 18 millones de bolivianos, sin embargo aparentemente las partes acordaron que se entregue el 50% a la firma del contrato, es decir 9 millones. Pero fueron entregados 5 millones más, haciendo una suma de más de 14 millones recibidos irregularmente. 

Las facturas develan un primer pago efectuado el 4 de febrero por 1.470.567,13; un segundo pago registrado el 25 de febrero por 9.396.000,00 (el 50% acordado); un tercer pago del 25 de abril por 1.059.018,89; un cuarto pago del 16 de mayo por 1.142.892,21; y un quinto pago efectuado el 11 de julio por 1.005.934,57.

“Lo relevante del caso es que un mal ciudadano boliviano, un contador de nombre Jesús Estaban Aguilar Suxo, se ha prestado para que se retire dinero de las cuentas del consorcio y se lo entregue, entendemos por las denuncias, a actos de corrupción”. “El señor ha reconocido que ha vendido facturas para logar retirar de las cuentas, estos 14 millones de bolivianos, esta situación es muy grave”, indicó el Ministro.  

Además se logró evidenciar que los documentos de constitución del consorcio para poder presentarse a la convocatoria de licitación fueron fraguados, “son del 10 de diciembre de 2021, eso nos preocupa de sobremanera, porque de acuerdo con la certificación que tenemos del DIRNOPLU, los formularios notariales en los cuales se ha impreso ese poder, han sido vendidos recién el 26 de enero de 2022”, develó.

“Esta situación es muy grave, porque la empresa, el consorcio, tendría que haber presentado los documentos a fines de diciembre, la ABC evaluó esos documentos el 5 de enero, pero recién salen a la venta el 26 de enero, es decir mucho tiempo después. Esto prueba y demuestra que la documentación que ha sido evaluada por la comisión de la ABC que ha estado a cargo de la adjudicación de la obra, ha sido adulterada”, acotó la autoridad.

Con base en esos nuevos hallazgos, el Ministro indicó que “hay una evidencia contundente de que el poder de representación del ciudadano chino para presentarse a esta adjudicación, ha sido sustituido en alguna fecha, entre que inicia el proceso de contratación en diciembre de 2021 y se firma el contrato el 5 de febrero de 2022. En ese periodo de tiempo han alterado y han incluido en el proceso de licitación, documentos que han permitido que esta licitación quede contaminada y manchada, hay una evidencia contundente de que se ha modificado el proceso de contratación”. 

En ese sentido, Lima manifestó que con todos los elementos obtenidos por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el caso “no puede quedar en la impunidad”. 

Además anunció que la investigación continuará hasta establecer todas las responsabilidades. “Se están realizando allanamientos porque hay otras persona involucradas en estos graves hechos”.

El Ministro anunció que se abrió un proceso en la sede de Gobierno, por lo que los involucrados brindarán sus declaraciones en La Paz en las próximas horas, asimismo observó que el vocal de la Sala Penal, René Conde de la ciudad de Sucre, haya beneficiado con detención preventiva a las personas involucradas y anunció que se evalúa los indicios para iniciar un proceso por prevaricato. Asimismo, advirtió que se actuará en consecuencia contra los malos jueces que pretendan tapar este tipo de hechos ilícitos.