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Arce explica a profesores en “Cursos de Reivindicación Marítima” bases jurídicas e históricas de la demanda marítima ante la CIJ

La Paz, 18 de mayo (MJyTI).- Bases sustanciales de la obra jurídica más importante de la historia de Bolivia, que es la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), fueron expuestos hoy por el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, en el encuentro denominado “Cursos de Reivindicación Marítima”.

Estos cursos contaron con la participación del ministro Arce, el ministro de Educación, Roberto Aguilar; el secretario general de la dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), Emerson Calderón; el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, Almte. Yamil Borda Sosa, viceministros, autoridades militares, representantes de la Central Obrera Boliviana (COB), movimientos sociales y una masiva asistencia de profesores que llenaron las instalaciones del salón Avelino Siñani del Ministerio de Educación.

En palabras de circunstancias, el ministro Aguilar destacó la labor fundamental que cumplió el equipo jurídico nacional e internacional en el proceso de construcción, presentación y defensa de la demanda marítima ante la CIJ. Expresó su confianza en lograr un fallo favorable producto de la fortaleza de los argumentos presentados en los alegatos orales realizados del 19 al 28 marzo.

Al inicio se refirió detalladamente sobre el proceso histórico, la decisión de llegar a las instancias internacionales con la demanda marítima, el derecho sobre el cual se funda la obra jurídica más importante de Bolivia y los elementos centrales de la fuerza de la verdad, la justicia y la razón de este emprendimiento histórico.

Destacó la determinación y el coraje del presidente Evo Morales que permitió llevar la demanda marítima ante la CIJ con la convicción de un resultado favorable que posibilite a los bolivianos retornar al mar con soberanía.

En el desarrollo histórico, hizo mención sobre la constitución de la nación boliviana y la visión expansionista de Chile, los tratados de límites de 1866 y 1874. Además, de la invasión de Antofagasta de 1879 y la denominada Guerra del Pacífico.

Asimismo, precisó sobre el Tratado de 1895 como el antecedente fundamental del derecho de Bolivia a obtener un acceso soberano al océano Pacífico. Explicó sobre el Tratado de 1904 y la subsistencia del conflicto marítimo.

Arce dijo que en 1975 Chile buscó negociar una salida soberana al Pacífico, como señala el acuerdo de Charaña firmado entre los presidentes Hugo Banzer y Augusto Pinochet.

Asimismo, se refirió a cerca de las 11 declaraciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) entre 1979 y 1989. Finalmente, la agenda de los trece puntos y la decisión de la demanda.

Luego de exponer la parte histórica, Arce explicó que la demanda marítima boliviana se inicia con el anuncio del presidente Morales del 23 de marzo de 2011, la constitución de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar) y la conformación de los equipos jurídicos nacional e internacional.

Detalló el procedimiento de la demanda boliviana ante la CIJ por la obligación de Chile de negociar con Bolivia un acceso soberano al océano Pacífico presentada en abril de 2013.

Se refirió a los actos jurídicos sucesivos y continuos, concernientes a los acuerdos, promesas unilaterales y prácticas diplomáticas.

Detalló el error más grande que cometió Chile en la demanda boliviana, al plantear la objeción a la jurisdicción de la CIJ, de la que salió perdedora.

Asimismo, manifestó que el equipo jurídico boliviano presentó en los alegatos ante la CIJ argumentos jurídicos contundentes a la luz del derecho internacional y la justicia los cuales demostraron que Chile incumplió sus promesas de negociar un acceso soberano al mar para Bolivia.

Sintetizó que Bolivia presentó en la CIJ una demanda victoriosa con la convicción de que la fuerza del derecho, la justicia, la verdad y la razón están con el país, que permite mantener la esperanza de un fallo favorable que obligue a Chile negociar una salida soberana al océano Pacífico.

 

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Comisión de Seguimiento de la Cumbre de Justicia aprueba anteproyecto de ley para creación de salas constitucionales

La Paz, 18 de mayo (MJyTI).- La Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia, en el marco de la Ley 898, aprobó hoy el anteproyecto de ley de creación de salas constitucionales especializadas, medida que se tramitará en las instancias del Órgano Ejecutivo y posteriormente remitido a la Asamblea Legislativa para su aprobación.

Estos anuncios se dieron a conocer, en una conferencia de prensa conjunta, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce; el presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, José Antonio Revilla; y el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Gonzalo Hurtado.

El ministro Arce saludó el gran acuerdo al que llegó la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia, conformada por los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial, la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General del Estado y la Universidad Boliviana se reunió. Además, destacó el desprendimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura para avanzar en la reforma judicial.

Explicó que se crearán las salas constitucionales especializadas en las nueve capitales de departamento y funcionarán al interior de los tribunales de justicia. Tendrán el objetivo de conocer y resolver las acciones de defensa de derechos humanos, resoluciones que serán elevadas para su revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional.

Aclaró que la vigencia de estas salas no impide que en las áreas rurales se puedan seguir tramitando las acciones de defensa, si así lo consideran los peticionarios, ante los jueces públicos mixtos o ante cualquier autoridad judicial en materia penal cuando se trata de libertad como el Habeas Corpus.

“Las acciones de constitucionalidad (acción de libertad, acción popular, acción de amparo constitucional, acción de protección de privacidad y acción de cumplimiento) que están establecidas en la Constitución, para hacer prevalecer, en su caso reestablecer la vigencia plena de los derechos, estará partir del próximo año en manos de jueces especializados en materia constitucional”, afirmó.

Manifestó que las acciones de garantía actualmente se presentan ante los jueces públicos en algunos casos de Familia y otras en el Civil, y muchas veces sus fallos, revisados por el Tribunal Constitucional Plurinacional, han sido revocados, “lo que de alguna manera ha degradado la justicia constitucional”, añadió.

A su turno, el titular del Tribunal Supremo de Justicia destacó el consenso arribado entre los diferentes órganos del Estado para lograr avances dentro el proceso de la reforma judicial.

“Estamos dando lugar a la especialización de jueces para las salas constitucionales que funcionarán en los tribunales departamentales de justicia con criterio de especialidad y de meritocracia”, aseveró.

REGLAMENTO
Asimismo, la Comisión aprobó el reglamento para el ingreso a la carrera judicial y la convocatoria para la selección de jueces en todo el país. “Es un reglamento con la característica fundamental de meritocracia”, agregó el ministro Arce.

A su vez, el presidente del Consejo de la Magistratura dijo que se ha concluido con el trabajo del reglamento para que en las próximas semanas se pueda convocar el ingreso de jueces a la carrera judicial.

“El objetivo de este reglamento es institucionalizar el Órgano Judicial. En este momento se tienen 70 acefalías, además, se crearán 50 juzgados. Es decir, que en esta primera convocatoria se seleccionará a 120 jueces”, aseveró.

Este reglamento contiene tres subsistemas. El primero, un sistema de ingreso que contempla los requisitos valorando fundamentalmente la meritocracia de los postulantes.

Un segundo, de evaluación para la permanencia y seguridad laboral de los jueces. Un tercer subsistema referido a la capacitación.

 

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Ministerio de Justicia y TSJ coordinan nuevo reglamento para ingreso a la carrera judicial

La Paz, 17 de mayo (MJyTI).- El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se reunieron hoy en el marco de la Ley 898 que creó la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia, para coordinar la aprobación del futuro reglamento para el ingreso a la carrera judicial.
Además, trabajaron en las acciones a seguir para realizar una evaluación de la función judicial y el tema de la ley de salas constitucionales de cara a la reforma de justicia que enfrenta la Comisión conformada por los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial, la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General del Estado y la Universidad Boliviana.

El encuentro fue presidido por el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce; y participaron el presidente del TSJ, José Antonio Revilla, y los magistrados de esta instancia del Órgano Judicial, Juan Berríos Albizu, Esteban Miranda Terán, María Díaz Sosa, Olvis Eguez Oliva, Carlos Eguez Añez y Ricardo Tórrez Echalar.

Asimismo, se abordó  la convocatoria a un gran encuentro de los operadores de justicia para trabajar de forma conjunta en la carrera y evaluación de la función judicial dentro del proceso de construcción de mecanismos para garantizar la absoluta independencia judicial.

Tras un proceso de coordinación, se tiene en puertas la selección de vocales de los tribunales departamentales de justicia que se planifica conjuntamente con todas las instituciones de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia.

Esta instancia, en el marco de la Ley 898, aprobó el 23 de abril un proyecto de reglamento para la selección, por meritocracia, de 73 vocales de los tribunales departamentales de justicia del país.

El ministro Arce destacó que esta selección de vocales judiciales se realizará en base a la experiencia exitosa de la selección de magistrados del Órgano Judicial, en la Asamblea Legislativa y posterior elección democrática realizada el 3 de diciembre del 2017. Asimismo, del reciente proceso, que duró seis meses, para la selección meritocrática y examen de competencia de 445 notarios de Fe Pública quienes fueron posesionados el 25 de abril.

 

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Ministerio de Justicia logra apelación favorable para que Patana vuelva a ser detenido preventivamente

LA PAZ, 15 de mayo (MJyTI).- La Sala Penal Tercera del Tribunal de Justicia de la ciudad de La Paz declaró hoy procedente la apelación presentada por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional para que se revoque la detención domiciliaria del exalcalde de El Alto, Édgar Patana, y sea remitido nuevamente de forma preventiva en el Penal de San Pedro por el caso denominado buses Sariri.

Los representantes del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción estuvieron en la audiencia pública de apelación de medidas cautelares que presentó contra la resolución 36/2018 de 31 de enero de 2018, emitida por la exjueza Cinthia Delgadillo, del Juzgado Primero de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer.

Delgadillo había dispuesto en enero pasado medidas sustitutivas a la detención preventiva de Patana, quien está denunciado por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en el caso buses Sariri.

El Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción se constituyó en parte coadyuvante dentro de este sumario penal denominado buses Sariri, referido al proceso de contratación sobre la “implementación de buses para el inicio del servicio de transporte masivo municipal”, que se inició el 31 de marzo de 2014, bajo la modalidad de contratación pública internacional que se adjudicó a la empresa brasilera CIBO S.A.

De acuerdo a las investigaciones, se advirtió un incremento injustificado en el precio referencial en relación a la primera convocatoria, ocasionando un presunto daño económico al Estado, al autorizarse el desembolso de un anticipo del 20 por ciento, así como el primer pago.

Con esta determinación, Patana deberá enfrentar este proceso desde la cárcel de San Pedro, a pesar de que a inicios de mayo se benefició con la detención domiciliaria en otro caso que se le sigue por la entrega 14 vehículos del municipio a dirigentes de organizaciones sociales.